“Hoy no tengo nada a mi nombre”: Luis Gonzalo Morales y su lucha contra la corrupción

El exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, asegura que su lucha contra las redes clientelistas en el sistema público de salud le costó amenazas, embargos y más de cincuenta investigaciones. Su historia retrata el precio personal de intentar limpiar un sector donde la política y la salud se mezclan peligrosamente.

Luis Gonzalo Morales (izquierda), acompañado de personal médico y administrativo durante su gestión en la Secretaría de Salud de Bogotá

“Hoy no tengo nada a mi nombre”, dice sin dramatismo Luis Gonzalo Morales. “Tuve que repartir todo entre mis hijos y mi esposa porque me lo iban a quitar”. La frase, pronunciada con naturalidad, refleja una vida entera dedicada al servicio público y marcada por las consecuencias de haber tocado intereses en el sistema de salud colombiano.

Médico de profesión y con una maestría en Ciencias Políticas, Morales fue dos veces secretario de Salud de Bogotá y gerente de Savia Salud en Antioquia. Su paso por el sector, asegura, estuvo acompañado de constantes presiones políticas, amenazas y persecución administrativa. “Cuando uno llega con la idea de hacer las cosas bien, termina chocando con el clientelismo y con los que ven la salud como una mercancía política”, explica.

El primer gran golpe llegó a finales del año 2000, cuando tuvo que dejar el país tras recibir una amenaza directa de las FARC. En aquel entonces, mientras trabajaba en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, lo invitaron al Caguán. “La Policía me dijo que la amenaza era real y que corría peligro. Tuve que irme a República Dominicana”, recuerda. Fue su primer exilio forzado por intentar mantener la independencia de la gestión pública, dice.

Años después, en Antioquia, la historia se repitió, aunque con otros protagonistas. Durante su dirección de Savia Salud, asegura que se enfrentó a una red de corrupción enquistada en la entidad. “Me habían advertido quiénes eran los que cobraban comisiones por contratos. Los eché a todos. Y un político, hoy congresista, me llamó y me dijo: ‘Savia Salud es mía. Usted no puede hacer nada sin mi permiso’”.

Desde entonces, Morales se volvió un blanco fácil. “Tengo más de cincuenta investigaciones abiertas. Si me condenaran en todas, tendría que pagar casi un billón de pesos. Eso lo que hacen es desgastarlo a uno”, cuenta. Sin embargo, el episodio que más lo marcó no fue una amenaza ni una sanción, sino algo aparentemente trivial: el embargo de su carro.

“Tenía un campero Mitsubishi Montero que dejé guardado diez años mientras vivía afuera. Cuando regresé en 2010, lo quise vender y aparecía embargado por la Contraloría de Bogotá. Lo estaba vendiendo por ocho millones y el abogado me cobró lo mismo para levantar el embargo. Perdí el carro”, relata con una sonrisa amarga. El proceso, según le explicaron, ya había terminado a su favor, pero un funcionario olvidó enviar el oficio de desembargo. “Eso resume el problema: el sistema castiga incluso a quienes hacen las cosas bien”.

Morales no esconde su frustración: “Los organismos de control no pueden depender del Congreso ni de los concejos. Son usados para presionar a quienes no se alinean políticamente”. Aun así, mantiene la fe en el servicio público. “Vale la pena intentar hacer las cosas bien, aunque el país a veces no crea en uno”, dice.

Su voz se apaga un instante, y luego remata con la claridad del médico que lleva dentro: “La salud hay que curarla primero de la política. Si no, no hay tratamiento que sirva”.