La Defensoría del Pueblo es "gente y territorio": Winston González, asesor de comunicaciones de la entidad
- María José Mora rodriguez
- hace 3 horas
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En Colombia, la defensa de los derechos humanos también depende del trabajo de instituciones que acompañan a los ciudadanos cuando sienten que sus derechos han sido vulnerados. Una de ellas es la Defensoría del Pueblo, institución que actúa como intermediaria entre la comunidad y el Estado. Así lo explica Winston González del Río, comunicador social y periodista con más de 35 años de carrera en medios y comunicación pública, quien actualmente es asesor y estratega de comunicaciones de la Defensoría del Pueblo. Desde su experiencia, asegura que el objetivo principal de la institución es escuchar a la ciudadanía y hacer visibles sus problemáticas.
Para González, la función de la entidad se resume en una idea que se puede escuchar sencilla pero que es muy importante: “La Defensoría del Pueblo suena un poco obvio, pero es el defensor del pueblo, es la voz de la gente”, afirma. El trabajo de la institución se centra en acompañar a las comunidades y exigir a las autoridades que respondan ante vulneraciones de derechos. “Si tú me dices resúmelo en dos palabras, es gente y es territorio”, agrega.
La presencia en las regiones es uno de los pilares del funcionamiento de la Defensoría. La entidad cuenta con sedes regionales distribuidas en diferentes zonas del país, lo que facilita la atención de manera cercana y ágil a los problemas que enfrentan las comunidades. Para el funcionario, estos espacios cumplen un papel fundamental porque están en contacto continuo con la vida real del territorio.
Cuando una persona siente que sus derechos han sido vulnerados, puede acudir directamente a estas sedes para recibir orientación y acompañamiento. Allí se brinda asesoría jurídica y apoyo en trámites legales o administrativos. “El primer círculo de apoyo es a través de las mismas regionales, la gente sabe a dónde acudir”, señaló González.
La Defensoría no tiene la función de imponer sanciones, pero sí cuenta con mecanismos para advertir sobre situaciones que puedan afectar los derechos de la población. Uno de los más importantes es el sistema de alertas tempranas, que permite identificar riesgos antes de que ocurran hechos de violencia. “Las alertas tempranas, como su nombre lo indica, nos permiten prever”, explica.
Sin embargo, también reconoce que la efectividad de este sistema depende de la respuesta de otras instituciones. “La prevención depende muchísimo de la articulación de los organismos del Estado”, asegura.
Entre los desafíos que enfrenta actualmente la institución se encuentra la falta de recursos. Según González, el recorte presupuestario ha afectado la capacidad de la entidad para fortalecer algunos programas. “Eso impide, por ejemplo, que haya menos técnicos para alertas tempranas o menos perfiles especializados para adelantar programas de derechos humanos”, advierte.
Trabajar en la defensa de los derechos humanos también ha significado un aprendizaje personal para este comunicador y periodista. González asegura que esta experiencia lo ha sensibilizado frente a realidades que muchas veces pasan desapercibidas. “Uno descubre comunidades que ante los ojos de la opinión pública no existen o no son tan visibles”, comentó.
Entre los casos que más lo han impactado, el asesor de la Defensoría menciona el de las madres buscadoras de personas desaparecidas. Para González, estas historias muestran las consecuencias profundas del conflicto en la vida de las familias. “Cuando alguien de la familia desaparece, a esa persona que lo busca le cambia la vida drásticamente, tiene que renunciar al trabajo y dedicarse a buscarlo”, afirma.
A pesar de las dificultades, el funcionario considera que la Defensoría ha logrado construir confianza entre muchas comunidades del país. “La gente -dice González- cuando ve a los funcionarios con su chaleco de la Defensoría siente alivio”. Sin embargo, también reconoce que existen ciudadanos que no confían en las instituciones. Frente a esto, se dirige a quienes no creen en la función de la institución y afirma que lo más importante es escuchar sus preocupaciones. “Que pueden tener razón, ojalá tuviéramos la oportunidad de escucharlos”, dice.
Finalmente, el comunicador advierte que uno de los grandes retos del país tiene que ver con la situación de los jóvenes. En su opinión, muchos sienten incertidumbre sobre su futuro. “El país y todas las instituciones están en deuda con los jóvenes”, explicó. Para él, el desafío no es solo garantizar derechos, sino también crear oportunidades reales.
Por último, considera que para mejorar la protección de los derechos humanos también se requieren cambios dentro del funcionamiento del Estado. “Los procesos son demasiado largos y no se compadecen con la urgencia con que se requiere atender muchos temas”, concluye. Para el funcionario, reducir la burocracia podría ser un paso importante para responder con mayor rapidez a las necesidades de los ciudadanos.
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