Molestias y reclamos marcaron la comisión de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el Concejo de Bogotá

Por: Mariana Albarracín Palacios

El pasado 14 de mayo, se realizó un debate de control político muy tenso entre los cabildantes y la administración distrital. Rifirrafe entre el presidente de la comisión, Rubén Darío Torrado, y algunos concejales.

Debate de control político sobre situación habitacional en polígonos de alto riesgo en Bogotá ( Foto: Mariana Albarracín en el Concejo de Bogotá)

Hubo alta tensión entre varios cabildantes y el presidente de la comisión de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá, Rubén Darío Torrado, en la sesión del pasado 14 de mayo.

En esa oportunidad se realizó un debate de control político sobre la situación habitacional en polígonos de alto riesgo en Bogotá. Varios cabildantes, criticaron a Torrado, edil del partido de la U, debido a la manera en que dirigió el debate y las intervenciones de algunos de sus colegas.

La sesión inició cuando el presidente Torrado le dio la palabra a la concejal citante, Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, para presentar el debate. Sin embargo, antes de comenzar, le pidió que no le "echara mucha pirotecnia" a su exposición. Ante esto, Bernal le respondió que no se preocupara, pues no le daría gusto con dar "mucha pirotecnia".

Durante su intervención, la concejal denunció la ausencia de una política estructural de viviendas para las poblaciones vulnerable durante la administración de Carlos Fernando Galán.

También señaló el crecimiento de asentamientos ilegales y el llamado " volteo de tierras" en localidades como Ciudad Bolívar y Usme, donde miles de familias viven en zonas de riesgo. Según ella, la administración conoce la situación pero no ofrece soluciones habitacionales dignas.

Además, la concejal Bernal aseguró que las mafias del suelo continúan aprovechándose de la necesidad de las familias pobres y criticó que la administración distrital no ha logrado articular políticas de vivienda, ordenamiento territorial y justicia social.

Para completar su presentación Bernal incluyó la participación de invitados ciudadanos en el debate. Aunque el presidente Torrado aceptó las intervenciones, lo hizo manifestando incomodidad y limitando el tiempo a tres minutos sin posibilidad de réplica.

Uno de los invitados fue Jairo Vargas, gobernador del cabildo indígena Morifuruc, que afirmó que las comunidades del polígono 194 de Usme han solicitado ayuda a la administración en repetidas ocasiones, pero no encontraron apoyo institucional.

Posteriormente intervino Nissan Estupiñán, quien cuestionó la estigmatización hacia las comunidades asentadas en estas zonas y aseguró que la Alcaldía “brilla por su ausencia”, pues únicamente aparece para realizar desalojos.

Luego se siguió con el otro punto de la proposición que fue presentado por el concejal José Cuesta Novoa, del Pacto Histórico, quien afirmó que cerca de 12.280 familias viven en zonas amenazadas y cuestionó la falta de respuestas estructurales al problema habitacional en Bogotá.

Respuesta de la administración

Por parte de la administración distrital participó la secretaria distrital del Hábitat, Cristina Melo Gómez, quien explicó que actualmente se realiza monitoreo a más de 280 polígonos susceptibles de ocupación ilegal en la ciudad y señaló que muchas de estas zonas hacen parte de la estructura ecología principal de Bogotá.

Sin embargo, la concejal Bernal manifestó que las respuestas estaban incompletas, pero el presidente Torrado no le permitió intervenir nuevamente, lo que generó molestia dentro del recinto.

Más adelante, el directo de la Caja de Vivienda Popular (CVP), Juan Carlos Fernández, afirmó que la administración de Galán le apuesta al proceso de adquisición de vivienda y acompañamiento a la familia. Fernández negó que el objetivo sea desalojar a estas familias, pues, por el contrario, la administración buscar dar un apoyo.

En la parte final del debate intervino el secretario de Seguridad, César Restrepo, que afirmó que las comunidades de Ciudad Bolívar y Usme no deben ser revictimizadas, sino acompañadas mediante el proceso de adaptación y acceso a servicios públicos.

También aseguró que detrás de muchas invasiones existen redes criminales conocidas como “tierreros” o urbanizadores piratas, dedicadas a la invasión, expropiación y venta ilegal de terrenos.

Fue entonces cuando el concejal José Cuesta le preguntó directamente cuántos procesos de investigación y desmantelamiento se habían realizado contra estas estructuras criminales durante el año y medio de gestión de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, la respuesta quedó en el aire.

En la conclusiones del debate, las tensiones aumentaron cuando Cuesta le pidió al presidente Torrado que no manejara la discusión “con afán”y, por el contrario, exigió respeto. Torrado respondió diciendo: “lea el reglamento para que sepa cómo se manejan los tiempos y créame que yo soy el que más los respeta aquí”, pero estos comentarios generaron aún más incomodidad entre algunos concejales.

Finalmente intervino la concejal María Victoria Vargas, del Partido Liberal. Ella expresó preocupación por la falta de acción institucional frente a las problemáticas de vivienda y afirmó que “la justicia no existe, los organismos no existen, el gobierno no existe; solo tapan y tapan”. También criticó la gestión de la administración distrital y aseguró que, si los concejales no conocen algo sobre lo que ocurre en la Alcaldía, ella se los puede contar.

El debate dejó en evidencia no solo las críticas hacia la administración distrital por la situación de vivienda en zonas de alto riesgo, sino también las diferencias y tensiones internas dentro del Concejo de Bogotá por la forma en que fue dirigida la sesión.