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Vendedores informales protestaron al frente del Concejo de Bogotá el pasado lunes 20 de abril

  • Foto del escritor: Majo Silva Villalba
    Majo Silva Villalba
  • 23 abr
  • 2 Min. de lectura
Vendedores informales al frente del Concejo de Bogotá protestan por la expedición del Decreto 117 de 2026. (Foto tomada por María José Silva)
Vendedores informales al frente del Concejo de Bogotá protestan por la expedición del Decreto 117 de 2026. (Foto tomada por María José Silva)

El pasado lunes 20 de abril, frente al Concejo de Bogotá se realizó una protesta organizada por un grupo de vendedores informales. La razón de la protesta fue la expedición del decreto 117 de 2026 que prohíbe la venta informal sin autorización y en algunas zonas específicas de la ciudad.


Este decreto fue firmado por la Alcaldía Mayor el 14 de abril y modifica el decreto 642 de 2025, estableciendo condiciones para la convivencia ciudadana, el ordenamiento de la economía de la ciudad y a la vez mitigar riesgos para la seguridad de las personas. Según la alcaldía, la administración Galán tuvo más de 55 mesas con vendedores informales para discutir sobre la petición generalizada de los ciudadanos de poner un orden a la ciudad y sobre todo al espacio público.


Aparte de prohibir la venta informal sin autorización, también se prohíben los servicios de tatuajes, piercings, barbería, peluquería y odontológicos que requieran de una revisión por temas de salubridad. A su vez también el acto administrativo prohíbe usar a los menores de edad para trabajar en comercio informal. Otro de los puntos centrales, es la prohibición de la venta informal en zonas como el centro histórico y en corredores con fuerte presencia turística.


Un grupo de aproximadamente 70 vendedores ambulantes adelantó una jornada de protesta con bloqueos intermitentes de la calzada mixta en la Calle 34 con transversal 29, lo que generó congestión en el corredor.


Para el distrito esto no atenta contra el derecho al trabajo si no que exige el registro de los vendedores informales ante el Instituto para la Economía Social (Ipes), que les abrirá acceso a programas institucionales. Para los vendedores esto pone en riesgo su economía y su derecho al trabajo. El Distrito no ha definido las zonas en las que sí se permitirá vender, esto causa aún más confusión a los trabajadores que dependen de este medio para subsistir.


Desde el concejo se ha visto apoyo al decreto. Una de las voces que más se ha pronunciado ha sido el concejal Jesús David Araque que considera que el decreto busca preservar el espacio público como bien colectivo.


Esto no es suficiente para los vendedores informales quienes dicen seguirán protestando hasta recibir una verdadera respuesta de parte de la administración distrital. Para ellos ni la policía ni la administración del actual alcalde Galán están defendiendo su derecho al trabajo, por lo que seguirán organizando plantones hasta que sean escuchados por el Distrito.


 
 
 

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